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Boletín de noticias 1 de febrero de 2012
EL TIEMPO
MILITARES CALIFICAN DE 'ESCANDALOSO' FALLO SOBRE PALACIO DE JUSTICIA
La sentencia del Tribunal Superior de Bogotá que ratificó la condena contra el coronel Alfonso Plazas Vega por los hechos del Palacio de Justicia está en el ojo del huracán.
Mientras los militares retirados, a través del presidente de la Junta de Generales y Almirantes, Héctor Fabio Velasco, calificaron el fallo como "un escándalo", el Gobierno y varios magistrados criticaron la solicitud del Tribunal para que la Corte Penal Internacional (CPI) evalúe el caso del expresidente Belisario Betancur, jefe de Estado para la época (1985). (Lea detalles del fallo)
Ayer, Betancur dijo en un comunicado que está listo para "seguir declarando ante las autoridades competentes", y recordó que en varias oportunidades ha dado explicación sobre su actuación, tanto ante la Comisión de Acusación de la Cámara -su investigador natural- como ante la Fiscalía, en calidad de testigo. El expresidente, que recibió el apoyo del Partido Conservador, no hizo mención de la inédita solicitud de los magistrados.
El Gobierno, a través del ministro de Justicia, Juan Carlos
Esguerra, advirtió que esa exhortación "deslegitima" a la justicia colombiana y se declaró "preocupado por sus graves implicaciones". (Descargue aquí el texto del fallo de Tribunal Superior de Bogotá)
"Flaco servicio se le presta a la justicia si la despreciamos sobre la base de que sus decisiones son de carácter político", dijo.
En el mismo sentido, el magistrado Jaime Arrubla, ex-presidente de la Corte Suprema, aseguró que invitar a la Corte Penal a conocer casos de Colombia implicaría "ceder soberanía". (En el fallo "se encuentran fallas conceptuales graves, con un evidente tufillo político", dice editorial de EL TIEMPO.
La Procuraduría, que demandará el fallo ante la Corte Suprema sobre la base de que va en contra de los principios del derecho (la duda a favor del procesado y la inexistencia de la tipificación del delito), señaló que la Corte Penal no tiene jurisdicción sobre los hechos ocurridos en Colombia antes del 2002.
Criticó duramente la orden de los magistrados para que el Ejército pida perdón. "Desborda el principio de limitación que debe tener toda decisión judicial porque sanciona sin fundamento la institucionalidad castrense (...), olvidando que el proceso en ciernes tuvo como único procesado al señor coronel Plazas Vega". (Lea también el debate que sobre el fallo se desató en redes sociales)
Precisamente, esta orden generó ayer polémica. A las críticas de Velasco, que dijo que el fallo es "insólito" y que "se ha cometido una injusticia muy grave", se sumó la del ex segundo comandante del Ejército Juan Salcedo Lora, que dijo: "Ni siquiera cuando las grandes formaciones militares en la historia se han rendido, les han tocado su dignidad con tan aberrantes manifiestos", señaló. También cuestionó por qué el fallo -que sólo entrará en vigencia si es ratificado por la Corte- no ordena algo similar a la guerrilla del M-19, que asaltó el Palacio de Justicia a sangre y fuego.
JAVIER ZAPATA, NUEVO PRESIDENTE DE CORTE SUPREMA
El abogado penalista reemplazará en el cargo a su colega Camilo Tarquino Gallego.
Zapata, quien ejercía la vicepresidencia del alto tribunal, obtuvo la mayoría de votos en una sesión de Sala Plena que duró tres horas.
El nuevo presidente de la Corte es magistrado de la Sala Penal y lleva 40 años vinculado a la Rama Judicial.
La Corte también designó como vicepresidenta a la magistrada Ruth Marina Díaz Rueda. La magistrada es egresada de la Universidad Santo Tomás.
Hace una semana, las salas Civil, Laboral y Penal de la Corte Suprema eligieron también como sus presidentes a los magistrados Fernando Giraldo Gutiérrez, Luis Gabriel Miranda Buelvas y José Leonidas Bustos Martínez.
¿PEDIR PERDÓN? OPINIONES SOBRE PALACIO DE JUSTICIA EN REDES SOCIALES
Usuarios opinaron sobre si el ejército debería pedir perdón o no por la retoma.
Numerosas reacciones ha provocado en redes sociales el fallo del Tribunal Superior que obliga al ejército a pedir perdón por los hechos de la retoma del Palacio de Justicia. A pesar de que la Procuraduría General interpuso un recurso de casación, los comentarios continúan y revelan que lo sucedido ese 6 de noviembre de 1985 aún toca fibras sensibles.
¿Están de acuerdo con que el ejército pida perdón por la retoma? A esta pregunta respondieron los usuarios de Facebook de EL TIEMPO. El 71,3% dijo que sí, mientras que el 25% dijo que no. Solo un 3,7% no sabe o no responde.
"Ridículo". Esa fue la expresión empleada por @Lucas16pp, al enterarse de la noticia. Usuarios como @Johagarciaca incluso lanzan cuestionamientos contra los ex miembros del M-19: "¿Y por qué no le exigen perdón público a Petro, Wolf y Lucio? ¿No eran ellos parte de esa guerrilla? Los malos son ellos, no el ejército".
Los usuarios de redes sociales tambien departieron sobre la inocencia de los soldados que participaron en la retoma. Nazyejo aseguró que no se trata de su inocencia, sino que el error fue creer que Colombia agradecería. Por su parte, Raquel García opinó a través de Facebook que Colombia debe exigir la liberación de Plazas Vega.
A través de esa misma red social, Felipe Rojas Riaño recordó que Petro pagó pena en la cárcel y que "no se dice que pidan perdón por la retoma sino por los desaparecidos". En ese sentido, Salomón Polo aseguró que "si el ejército no hubiera atacado a sangre y fuego, todo se pudo haber resuelto de manera pacífica".
El tema persiste como uno de los tópicos más comentados en Twitter, a través de términos como CIP, Palacio de Justicia y Plazas Vega.
ACTO DE PERDÓN ES OFENSA A LA DIGNIDAD DEL MANDO': OFICIALES
Así lo dijo el general (r) Juan Salcedo Lora, director de la Asociación de Oficiales en Retiro.
El general Salcedo Lora, director de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (Acore), hizo duros cuestionamientos al fallo del Tribunal Superior de Bogotá y aseguró que ordenar un acto público de perdón de la cúpula militar "es la peor ofensa a la dignidad del mando".
"No hay antecedentes históricos en donde deba pedirse perdón por actos no cometidos por los comandantes o los subalternos, ni siquiera cuando las grandes formaciones militares en la historia se han rendido, les ha tocado su dignidad con tales aberrantes manifiestos", dijo Salcedo.
El general (r.) también cuestionó el que todos los actores armados y desarmados que actuaron en la toma del Palacio estén en la mira del Tribunal Superior mientras que "ningún miembro del M-19, que fue el movimiento que se tomó el Palacio a sangre y fuego, no lo estén".
"Afortunadamente para los afectados la sentencia deberá ser ejecutoriada para que se de esa posibilidad", dijo el exoficial.
Salcedo Lora calificó la decisión como "extraña, desconsiderada, fuera de toda norma jurídica". También se pronunció respecto al llamado para que la Corte Penal Internacional investigue al expresidente Belisario Betancur y aseguró que "viola el principio de legalidad" el considerar que la Comisión de Acusaciones de la Cámara, como ente político y no judicial, absolvió al exmandatario llevando a la impunidad.
PROCURADURÍA IMPUGNARÁ FALLO QUE RATIFICÓ CONDENA A PLAZAS VEGA
Expresidente Betancur recordó que ya fue investigado por tribunal especial de la Corte Suprema.
El Ministerio Público anunció que interpondrá demanda de casación contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior Penal de Bogotá contra el coronel (r.) Luis Alfonso Plazas Vega por los hechos relacionados con la toma del Palacio de Justicia.
Para la Procuraduría el Tribunal vulneró el principio de in dubio pro reo (en caso de duda) por condenar al coronel Plazas Vega a pesar de las dudas razonadas de las pruebas (lea también: 'Pedir que CPI investigue a B. Betancur es poner en juego soberanía').
De otra parte, 'Caracol Radio' informó que el expresidente Belisario Betancur emitió una declaración de 10 puntos en la que asegura que como presidente o expresidente siempre ha respondido a los requerimientos que le ha hecho la Justicia. En el mismo comunicado, recuerda que ya fue investigado por tribunal especial que conformó la Corte Suprema de Justicia para estudiar los hechos del Palacio de Justicia, y que fue liderado por el magistrado Carlos Upegui Zapata.
Sobre la impugnación del fallo contra el coronel Plazas Vega, la Procuraduría dijo que "el Tribunal erró gravemente al condenar al Coronel Plazas Vega con ausencia de certeza para hacerlo, especialmente en lo referente a los requisitos planteados para la atribución del delito de desaparición forzada, en cuanto al dolo y la acción", dice (lea también: Ejército tendrá que pedir perdón por el caso del Palacio de Justicia).
En concepto de la Procuraduría la sentencia vulnera de manera grave el principio fundamental de nullum crimen sine lege, porque este delito, al momento de la ocurrencia de los hechos, no estaba consagrado en el ordenamiento jurídico interno (lea también: Conservadores también creen que CPI no puede investigar a Betancur).
El Ministerio Público observa que el Tribunal se apartó de las pautas de vigencia y competencia que edifican la aplicación e interpretación del Estatuto de Roma y sus reglas de complementariedad y subsidiariedad, conforme lo precisó la Corte Constitucional en la sentencia C-578, cuando en el cuerpo de la decisión solicita que el Fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional ordene la apertura de una investigación contra el ex Presidente Belisario Betancourt.
"La Comisión de Acusaciones del Congreso de la República ejerció su función de administrar justicia y advirtió que el Tribunal erró la instancia de segundo grado en esta consideración al olvidar que la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción sobre hechos ocurridos en Colombia antes del año 2002, fecha en la que entró en vigencia el Estatuto de Roma para el Estado en materia de Crímenes de Lesa Humanidad y Genocidio, y a partir del 2009 para los Crímenes de Guerra, desfase de 26 años en la invocación normativa", dice la Procuraduría.
En cuanto, a la exigencia de que las Fuerzas Militares de Colombia pidan disculpas a la sociedad por los mencionados hechos, el Ministerio Público advierte que la exhortación no está incluida en la parte resolutiva de la sentencia. Y dice que esta indicación desborda el principio de limitación que gobierna la decisión del tribunal penal, en tanto sanciona la institucionalidad Castrense, olvidando que el proceso en ciernes tuvo como único procesado al señor Coronel Plazas Vega.
'PEDIR QUE CPI INVESTIGUE A B. BETANCUR ES PONER EN JUEGO SOBERANÍA'
Para expresidente de la C. Suprema, Jaime Arrubla, dicha decisión no puede ser un hecho aislado.
La tormenta jurídica por el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, que confirmó la sentencia al coronel Alfonso Plazas Vega, por la desaparición de dos personas en el Palacio de Justicia, y pidió examinar la conducta del expresidente Belisario Betancur ante la Corte Penal Internacional, sigue creciendo (lea también: Ejército tendrá que pedir perdón por el caso del Palacio de Justicia).
Arrubla, que hace parte de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, y quien en varias oportunidades ha sido presidente de dicha corporación, le dijo a ELTIEMPO.COM que pedir la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) para que se investigue la presunta responsabilidad del expresidente Belisario Betancur en la retoma al Palacio de Justicia, es una decisión "que no puede ser un hecho aislado" y que de tomarse, debe ser "una decisión de Estado en la que se comprometa al país" (lea también: Conservadores también creen que CPI no puede investigar a Betancur).
"La única forma de que la CPI asuma una investigación contra Belisario Betancur es que haya un hecho sobreviniente o que sea el Estado Colombiano el que renuncie a su soberanía y que le pida que intervenga", agregó.
Arrubla argumentó que un el caso Betancur ya fue asumido en su momento por su juez natural: la comisión de acusaciones, y que dicho proceso ya arrojó resultados.
Tribunal Superior dice que no está desconociendo a Justicia colombiana
Marco Antonio Álvarez, presidente del alto tribunal, afirmó en diálogo con La W Radio que su corporación no desconoce a la Comisión de Acusaciones del Congreso, pero que por distintos y "respetables" motivos, dicho organismo no ha podido investigar la participación del expresidente Belisario Betancur en la retoma del Palacio. El magistrado aseguró que por tal razón se pidió la eventual intervención de la Corte Penal Internacional.
Álvarez reafirmó que el fallo del Tribunal Superior de Bogotá contra Alfonso Plazas Vega "no tiene connotación política" y que no se juzgó la retoma del Palacio (la que calificó de acto legítimo), sino la desaparición de civiles tras la intervención del Ejército.
'Pedir intervención de la Corte Penal sería desconocer Constitución': Minjusticia
El Ministerio de Justicia y Derecho emitió este martes un fuerte comunicado en el que expresa, como punto central, que la exhortación a que la Corte Penal Internacional investigue a Betancur, "implica desconocer que el Artículo 116 de la Constitución le confiere expresamente al Congreso 'determinadas acciones judiciales' ".
El Ministerio también indica que al desconocer las tres investigaciones que ha realizado la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, las cuales terminaron archivadas, "el Tribunal deslegitima de paso, ante propios y extraños, un sistema de administración de Justicia que ha sido una constante en la historia constitucional colombiana".
El Gobierno, a través de este ministerio, se abstiene de hacer otros pronunciamientos sobre la decisión de fondo del Tribunal, es decir, de la ratificación de la condena del coronel Plazas Vega a 30 años de prisión, por su responsabilidad en las desapariciones de la guerrillera Irma Franco y el administrador de la cafetería de Palacio Carlos Gutiérrez.
El pronunciamiento del Ministerio de Justicia estuvo antecedido de sendas declaraciones de los exministros Gustavo Castro y Enrique Parejo, quienes salieron en defensa del expresidente Betancur, quien estaba al frente de la Presidencia cuando ocurrió la toma del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985.
Castro dijo a 'La W' Radio que le parece paradójico que quienes rescataron el Palacio se encuentran detenidos, como el coronel Plazas y el general Jesús Armando Arias Cabrales, mientras que los guerrilleros que realizaron la toma del edificio se encuentran en libertad, por cuenta de una amnistía.
"¿Somos los exministros responsables de que un grupo terrorista entre al Palacio y asesine a todo el mundo", dijo Castro. "Quienes rescatan el Palacio están en la cárcel y quienes se lo toman están en la calle", añadió.
A su vez, el ex ministro Parejo dijo que no cree que se haya presentado un golpe de estado durante la toma del Palacio de Justicia, como muchos analistas creen. La acción habría permitido que los militares tomaron del poder y marginaran a Betancur de las principales decisiones.
"No creo que técnicamente hubiera habido un golpe de estado, pero sí presión por parte de la Fuerza Pública para que el Gobierno no interviniera y dejara actuar", dijo Parejo.
EDITORIAL: UN FALLO DESCONCERTANTE
Con la sentencia, se perpetúa la polarización y la oscuridad ante la toma del Palacio de Justicia.
Más de un cuarto de siglo después de sucedida la tragedia, los fantasmas de la sangrienta toma guerrillera del Palacio de Justicia siguen presentes en la realidad colombiana. El Tribunal Superior de Bogotá no solo acaba de ratificar la condena de 30 años de prisión contra el coronel Alfonso Plazas Vega, quien comandó la operación, sino también ordenó al Ejército pedir perdón por "los delitos ejecutados los días 6 y 7 de noviembre de 1985".
El salvajismo de los subversivos del M-19 junto con la respuesta de las Fuerzas Armadas han impedido que en estos 26 años la sociedad colombiana haya podido conocer la completa verdad del ataque y superar sus consecuencias. El hecho de que existan personas desaparecidas cuya suerte sigue sin aclararse y que gentes vinculadas a esa organización sean protagonistas activas de la política nacional y ostenten instancias de poder dificulta un abordaje desa-pasionado del tema.
Sin embargo, con todo el respeto que merecen los fallos, en esta decisión de los magistrados se encuentran fallas conceptuales graves, con un evidente tufillo político. Siguen ausentes las pruebas contundentes que demuestren la responsabilidad del coronel Plazas en la desaparición de la guerrillera Irma Franco y el administrador de la cafetería del Palacio, Carlos Augusto Rodríguez. De hecho, un integrante de la sala salvó su voto frente a la opinión mayoritaria de los otros dos miembros.
Nadie pone en duda que la reacción militar tuvo excesos que deben ser judicializados y que las familias de los desaparecidos tienen todo el derecho a saber qué pasó con sus seres queridos. Pero ordenar al Ejército que haga un acto de contrición pública por una toma de inspiración guerrillera es tanto humillante como excesivo. No tiene presentación alguna que los uniformados se disculpen por un ataque subversivo, así algunos de sus miembros hayan violado los derechos humanos en su respuesta. Esa incendiaria decisión del tribunal no hace más que polarizar a un país que necesita cerrar sus heridas y alimenta la injusta percepción de que mientras los comandantes del M-19 disfrutan el poder ganado en las urnas, los militares que los combatieron se pudren en la cárcel.
Todo esto pasa en medio de un candente debate en el Congreso de la República sobre la inclusión del fuero militar en el proyecto de reforma de la justicia. Para las Fuerzas Armadas y la Casa de Nariño, los cambios en la legislación están orientados a mitigar la creciente inseguridad jurídica que los uniformados sufren. Cuando ocurren determinaciones como la referida, ese temor empieza a cobrar forma definida.
Otro polémico contenido del fallo se relaciona con la petición a la Corte Penal Internacional (CPI) para que evalúe la posibilidad de investigar al expresidente Belisario Betancur por su papel en el lamentable episodio. Dicho pedido no tiene fundamento, ya que el exmandatario ha sido investigado en varias ocasiones por sus jueces competentes. Además, los hechos sucedieron antes de la creación del tribunal mencionado y no es claro que los magistrados tengan razón al hacer una solicitud que solo puede ser calificada como insólita.
Por último, hay que señalar que lo más grave de la sentencia es que perpetúa la polarización y la oscuridad frente a la toma del Palacio de Justicia. De tal manera, el resultado va en contravía de lo que se espera de una decisión de este calibre: que aclare los delitos cometidos y que imparta castigos justos. El intento de humillar a los militares y el dudoso llamado a la CPI contra el expresidente Betancur no clasifican dentro de esas expectativas.
LA BOMBA PENSIONAL
Por: Alfonso Gómez Méndez
Solo un régimen pensional equitativo y justo garantizará el legal disfrute de este derecho, legítimo como pocos, pero obtenido sin trampas ni abusos.
En la rama judicial resaltan las diferencias salariales entre las distintas categorías de jueces.
Con independencia de su resultado final y aceptando que en algunos casos pudo haber equivocaciones de los funcionarios encargados de recopilar la información, es indudable que la valerosa actitud de la contralora Sandra Morelli ha puesto a pensar al país en el crucial tema de las pensiones de jubilación, más allá de eventuales responsabilidades por hechos ilegales o indebidos en su concesión y disfrute.
Este llamado de atención amerita serenas reflexiones sobre los elementos que se deben tener en cuenta para una integral reforma del régimen pensional.
Sin duda, el tema es particularmente sensible porque mientras millones de ciudadanos tienen como pensión el equivalente a un salario mínimo, o no tienen ninguna, un reducido número de excongresistas, militares retirados y exmagistrados de las altas Cortes reciben mesadas de entre 15 y 20 millones.
En la rama judicial son protuberantes las diferencias salariales entre las distintas categorías de jueces.
Mientras que en Europa el sueldo de un magistrado puede ser 10, 20 o 30 por ciento superior al de un juez que comienza, aquí (y es solo un ejemplo) un juez de control de garantías -que decide sobre la libertad de las personas- gana entre 3 y 4 millones de pesos, mientras que un magistrado de alta Corte puede ganar 20, o más. Eso explica el afán de funcionarios de menor rango por obtener una "palomita" que les permita aumentar su pensión.
Tal fenómeno no se da solo en el Consejo Superior de la Judicatura, sino también en las otras corporaciones judiciales y en sus distintas categorías.
Por lo demás, una revisión al Fondo prestacional del Congreso probablemente mostraría mayores "perlas" que las detectadas en la Judicatura.
Hay personas con pensiones a veces superiores a 20 millones por haberse desempeñado un año, o incluso mucho menos, como parlamentarios. Esa lista probablemente sea más extensa que la que ahora escandaliza al país.
El problema no termina con sanciones, porque lo cierto es que todo el sistema de pensiones debiera basarse en el hecho de que a quien trabaje equis número de años (para el Estado o para el sector privado) y alcance determinada edad ha de garantizársele un buen pasar al final de sus días.
Pero aquí, en ciertos casos, por 20 años trabajados se cobran cien de pensión mediante la llamada "sustitución": exmagistrados, generales retirados o excongresistas a quienes Cupido les golpea tarde, justo antes de morir deciden casarse con mujeres jóvenes que heredan la pensión original por 20 años de servicio de sus longevos enamorados. Desde luego, un sistema tal es fiscalmente insostenible en cualquier parte del mundo.
Aun cuando no podrían aplicarse hoy en su integridad, una ley del siglo XIX fijaba unos criterios para tener derecho a pensión, que por lo menos vale la pena recordar:en primer lugar, la pensión se establecía para quien, habiendo servido al Estado, no tenía en su vejez otro medio distinto para una subsistencia digna. Así, por ejemplo, el dueño de un banco, aun cuando hubiere trabajado esos años para el Estado, no tendría derecho a pensión.
En segundo lugar (y ello rigió hasta que hace unos años se pronunció en sentido contrario la Corte Constitucional), los delitos contra el patrimonio del Estado llevaban anexa como sanción la pérdida del derecho pensional o del sueldo de retiro de carácter oficial.
Por último, para sustituir, el beneficiario no podía tener otra manera de sobrellevar, como ahora ocurre, una "digna adolescencia", sino una "digna vejez".
Es claro, entonces, que solo un régimen pensional equitativo y justo garantizará el legal disfrute de este derecho, legítimo como pocos pero obtenido sin trampas ni abusos.
EL ESPECTADOR
ACUSARÁN A JUEZ MILITAR QUE RECLAMÓ PROCESO CONTRA CORONEL PLAZAS VEGA
En octubre pasado, la Fiscalía General le imputó el delito de prevaricato por promover colisión de competencias en el proceso por los desaparecidos del Palacio de Justicia.
a mí me dicen que murieron guerrilleros, eso es cierto' así el coronel Plazas Vega libró su responsabilidad en la desaparición de personas en el Palacio de Justicia. Enlaces
Ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, un Fiscal delegado presentará el escrito de acusación contra el juez Primero de División del Ejército, mayor (r) Mauricio Cujar Gutiérrez por promover colisión de competencias en el proceso judicial que se adelantaba contra el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega por los desaparecidos del Palacio de Justicia.
El pasado 20 de octubre, la Fiscaía le imputó el delito de prevaricato por acción al juez, señalando que en 2009 solicitó la competencia para juzgar al coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega, pese a que el proceso ya se encontraba en la justicia ordinaria.
En esa oportunidad, el juez primero de Instancia de Divisiones del Ejército le envió una solicitud a la Juez Tercera Especializada de Bogotá, María Stella Jara, para que aceptara el traspaso del proceso de su despacho a la justicia penal militar.
El mayor Cujar manifestó que los hechos por los que era investigado el excomandante de la Escuela de Caballería “fueron originadas en una operación militar”, precisando que el coronel Plazas Vega había tenido como principal misión durante la toma del Palacio de Justicia “trasladar los vehículos blindados” el 6 de noviembre de 1985 para rescatar a los rehenes.
Ante esta solicitud los representantes de los desaparecidos del Palacio de Justicia denunciaron al juez militar considerando que dicha petición fue un abuso de autoridad para entorpecer el caso.
Dos semanas después, el magistrado Ovidio Claros Polanco, el Consejo Superior de la Judicatura, decidió dejar en manos de la justicia ordinaria, y no la penal militar el proceso en contra del coronel en retiro.
Según el ponente de la decisión, fueron las dudas que surgieron en el estudio del caso. “Cuando persista una duda, debe pronunciarse la justicia ordinaria” y agregó “existen dudas cuanto a lo que son los actos del servicio y aún hoy hay personas cuyo paradero no se conoce”.
El pasado lunes, el Tribunal Superior de Bogotá ratificó la condena de 30 años de prisión contra el coronel Plazas Vega por el delito de desaparición forzada por los hechos del Palacio de Justicia.
'EL FALLO CONTRA EL CORONEL PLAZAS ES UN PASO HACIA LA VERDAD': TRIBUNAL SUPERIOR
El presidente del Tribunal consideró que en los últimos 26 años, “fue imposible” juzgar al expresidente de Colombia Belisario Betancur.
Procuraduría interpondrá acciones jurídicas contra condena a Plazas Vega
Ante la avalancha de críticas y cuestionamientos registrados momentos después de que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ratificara la condena contra el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, el presidente de la Corporación Marco Antonio Álvarez manifestó que la decisión se basó en derecho.
Para el magistrado, las críticas que han recibido son de un “tono político y no jurídico”, aclarando que las manifestaciones que se han hecho frente a una posible apertura de investigación en contra del expresidente Belisario Betancur por parte de la Corte Penal Internacional requieren de mayor análisis y debate.
“Si el hecho permanece, si el hecho sobrevive y permanece como el delito de desaparición forzada es viable que intervenga la Corte Penal Internacional. Lo que hemos hecho es exhortar al fiscal delegado por la Corte Penal Internacional para que si él lo considera lleve el caso”, aclaró el magistrado.
Ante este hecho, que ha sido motivo de polémica desde el pasado lunes, el presidente del Tribunal justificó la necesidad de que organismos internacionales “estudien” los procesos que se han adelantado contra el exmandatario en el caso del Palacio de Justicia, precisando que durante 26 años fue imposible juzgarlo.
“Lo único que ha hecho el tribunal es reconocer que la Comisión de Acusaciones hizo su trabajo, pero que por x o y razones, que no es del caso entrar a analizar en este momento, no fue posible juzgar al expresidente Belisario Betancur, y por tanto hace esa exhortación”, aclaró el jurista.
Sobre la sentencia emitida el pasado lunes, el magistrado aseguro que con este fallo “se acerca más a la verdad” sobre lo que sucedió el seis y siete de noviembre de 1985.
“Los colombianos merecemos la verdad, la sentencia se acerca a una porción de la verdad. Han pasado muchos años y no sabemos la verdad”, expresó el Magistrado, a la par de aclarar que el Tribunal Superior de Bogotá “no ha juzgado la retoma sino los actos de desaparición de ciertas personas”.
TESTIGO CLAVE EN CASO PALACIO PODRÍA SER INVESTIGADO POR DESAPARICIÓN FORZADA
El Tribunal Superior invitó a militares procesados y condenados a que enteguen información a cambio de beneficios.
En el histórico fallo que ratificó la condena de 30 años de prisión contra del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, la Sala Penal del Tribunal Superior puso además el dedo en la llaga en otros temas y personajes relevantes durante el proceso investigativo por los desaparecidos del Palacio de Justicia.
Señala en una de sus consideraciones, que el cabo (r) Edgar Villamizar, uno de los principales testigos en contra de los militares, podría ser investigado por haber participado de manera directa e indirecta en el delito de desaparición forzada agravada.
El Tribunal Superior consideró que es necesario investigar a todas las personas que personas que participaron en la operación de recuperación del Palacio de Justicia, principalmente los uniformados que pertenecieron a la agregación militar de la Brigada VII de Villavicencio, con el fin de establecer si participaron o conocieron los hechos en los que 11 personas fueron desaparecidas.
"Se investigue la posible intervención del deponente, así como la de sus miembros de la Brigada VII de Villavicencio (Comando Integrado Antiextorsión y Secuestro), que durante los días 6 y 7 de noviembre de 1985 estuvieron en la Escuela de Caballería y posiblemente participaron en la ejecución de los delitos de desaparición forzada, tortura y homicidio de los que fueron víctimas las personas rescatadas del Palacio de Justicia”, precisa uno de los apartes.
En su decisión se considera además que en el caso específico de Villamizar, éste “prestó una colaboración eficaz y por tanto debe examinarse la posibilidad de otorgarle los beneficios que la ley permita”, precisando el hecho de que el testimonio del cabo permitió abrir las investigaciones que permitieron establecer la participación de un grupo de militares en el delito de desaparición forzada agravada.
Sin embargo, el Tribunal hace un llamado para que las personas que tengan un conocimiento sobre el paradero de siete trabajadores de la cafetería, tres visitantes ocasionales y una guerrillera del M-19, se presenten ante los organismos judiciales para que den su declaración sobre los hechos ocurridos hace más de 26 años.
“La Sala considera oportuno señalar que todas las personas que brinden una colaboración eficaz que conduzca al pleno esclarecimiento de los hechos y la fijación de otros responsables, pueden acercarse a la Fiscalía General de la Nación a reportar lo que conduzcan sobre la forma cómo se ejecutaron las acciones punibles y señalar a los responsables de las mismas”, se aclara en una de las conclusiones del fallo de 968 páginas.
Esta solicitud, también abarca a los militares procesados y condenados por estos hechos, los cuales, según sea la importancia y validez de la información que presenten, podrían recibir una rebaja en sus penas, otorgamiento de prisión domiciliaria o libertad condicional, e incluso su incorporación al programa de protección de víctimas y testigos.
Pero también las personas que quieran colaborar con la justicia tendrán que entregar información sobre quiénes fueron los responsables de torturas y amenazar de muerte en reiteradas oportunidades a los estudiantes de la Universidad Externado de Colombia, Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson, quienes fueron trasladados de la Casa del Florero al Comando de Inteligencia y Contrainteligencia (Coici) señalados de ser guerrilleros.
EDITORIAL
PLAZAS VEGA, BETANCUR Y LA CPI
El lunes de esta semana el Tribunal Superior de Bogotá profirió la tan esperada sentencia en el caso del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, por los trágicos hechos sucedidos los días 6 y 7 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia. Un suceso que marcó la historia del país y dejó un saldo muy alto de violencia por cuenta de la toma a sangre y fuego de la guerrilla del M-19 y la posterior retoma efectuada por el Ejército: magistrados muertos, empleados asesinados, personas desaparecidas sobre las que aún no se ha pronunciado la justicia.
En resumen, la sentencia dice lo siguiente: Plazas Vega es culpable, no ya de las 11 personas sobre las que no se tienen noticia desde el día de los hechos, sino de dos: Irma Franco Pineda, exintegrante del M-19, y Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería del palacio. Sobre las otras, se ordena proseguir la investigación. Es indignante que a estas alturas no se sepa todavía quién es el responsable y qué pasó con estas víctimas; la sentencia también ordena hacer ciertos actos simbólicos de reparación, entre los que se encuentran: publicar la sentencia durante un año en las páginas web del Ministerio de Defensa y del Ejército Nacional, ofrecer unas disculpas públicas y que ninguna unidad militar tenga el nombre del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, entre otras; pero lo que más ha hecho eco en los medios es la exhortación al fiscal principal ante la Corte Penal Internacional para que estudie sobre el caso del expresidente Belisario Betancur Cuartas y su relación con estos hechos.
Existe, por supuesto, una gran polémica frente a la condena de Plazas Vega, que reza: “Pero lo que sí es inequívoco es que ello (la desaparición de las dos personas) no ocurrió como una conducta aislada de unos militares de bajo rango, desobedientes, indisciplinados y con desconocimiento de los comandantes de la operación (...) uno de los autores mediatos (de las desapariciones) es el coronel (r) Plazas Vega”. Para los defensores del coronel (r), no existían suficientes pruebas para esta conclusión, para sus detractores finalmente se hace justicia. El hecho es que el Tribunal analizó unas pruebas que tuvo bajo su conocimiento y decidió según la valoración que de ellas hizo.
Lo que sí resulta insólito es la exhortación a la CPI en cuanto al expresidente Betancur. Sobre todo porque el expresidente fue juzgado por estos hechos, debido a su fuero, por la Comisión de Acusación del Congreso. Negar ese hecho es, como con razón lo dijo el Gobierno nacional ayer, desconocer la justicia de este país y el régimen constitucional que le confiere al Congreso ciertas funciones jurisdiccionales.
Pero además está el problema de la competencia de la CPI. De acuerdo con el Artículo 11 del Estatuto de Roma, la Corte “tendrá competencia únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente Estatuto”. Es decir, desde 1998. Hay quienes sostienen que el delito en cuestión, la desaparición forzada, no se agota, pues las personas sujetas del mismo aún siguen desaparecidas. Pero es muy distinto el tiempo en que un delito se consuma a cuando el mismo se agota. El Tribunal puso un verdadero problema jurídico sobre la mesa.
Desde este espacio lo hemos dicho muchas veces, incluso ayer mismo: la eficacia de la Comisión de Acusación del Congreso es para llorar. Pero eso puede requerir una reforma, mas no desconocer sus decisiones. Y esta solución que pretende el Tribunal es bastante aventurada. No parece tener sustento jurídico. Habrá que esperar, eso sí, pensando hacia futuro, qué hacer con procesos como éste (históricos o no) en los que un presidente se sospeche responsable. Y que la CPI aclare el asunto de la competencia lo antes posible.
EL NUEVO SIGLO
LUPA DE CONTRALORÍA AL ‘CARRUSEL DE LAS PENSIONES’
El escándalo se destapó con el llamado a juicio fiscal de 21 Magistrados Auxiliares del Consejo Superior de la Judicatura.
Dentro de la investigación por el llamado ‘carrusel de pensiones’, la Contraloría General examina los regímenes especiales que favorecen con pensiones altas a la Rama Judicial y otros altos funcionarios, en detrimento del erario, manifestó ayer la jefe de esa entidad Sandra Morelli.
Este año la Contraloría “tiene planeado examinar todas las pensiones de magistrados, dignatarios que se salieron de la legalidad o que no corresponden al cálculo actuarial. Cuando tengamos ese estimado, la Contraloría formulará las recomendaciones”, declaró Morelli a RCN La Radio.
La Contralora agregó que “en el caso de los regímenes especiales se mirará cuál ha sido el impacto económico en concreto y aplicará los correctivos, incluso, llegado el caso, ordenará la rebaja de la pensión de ser el caso”.
La investigación que ha adelantado la Contraloría sobre el llamado ‘carrusel de las pensiones’ hasta ahora ha identificado 70 casos de funcionarios de la Rama Judicial que han sido promovidos por poco tiempo a Magistrados Auxiliares para elevar su ingreso y quedarse con una pensión que no concuerda con los aportes hechos, anotó Morelli.
Como lo publicó oportunamente EL NUEVO SIGLO, el viernes el ministro del Interior Germán Vargas expresó que considera inaceptable que, en un país donde muchos ciudadanos carecen de una pensión, haya decenas de personas del Consejo Superior de la Judicatura que, en tiempo récord, avanzaron en el ajuste de sus pensiones por medio de decisiones jurisprudenciales, como lo denunció la Contraloría.
El llamado a juicio por responsabilidad fiscal a 21 Magistrados obedece a hallazgos que indican que de 2001 a 2010 fueron nombrados varios juristas auxiliares en el Consejo Superior de la Judicatura que le generaron al país costos por encima de 13.000 millones de pesos en reajustes pensiónales.
Vargas manifestó que en este caso es urgente establecer quiénes son los responsables de este carrusel para no comprometer el nombre de todos los magistrados, pero insistió en que es muy grave que quienes deben administrar justicia utilicen un sistema para defraudar al Estado, según lo denunciado por la Contraloría.
“Es inconcebible que se haya utilizado la figura de nombramientos discrecionales de algunos magistrados para que personas, por dos meses, hayan reajustado sus pensiones. Ese es un derecho que hoy ningún colombiano lo tiene”, aseveró Vargas.
El jefe de la cartera política agregó que esta situación amerita que se tomen acciones de fondo, por lo que el Gobierno Nacional viene estudiando una reforma al Sistema General de Pensiones que permita acabar con estos abusos en todos los niveles.
El ministro de Justicia y del Derecho Juan Carlos Esguerra sostuvo que será el Congreso el que defina la suerte del Consejo Superior de la Judicatura dentro del debate al proyecto de reforma constitucional a la justicia.
“Mi posición es la que tenía el Gobierno al comienzo: yo pienso que el Consejo de la Judicatura ha resultado, lo digo con todo respeto, inferior a las expectativas, inferior a lo que se creyó y a lo que se concibió en la Asamblea Nacional Constituyente”, aseguró el alto funcionario.
El ministro Esguerra agregó sin embargo que “el tema está en manos del Congreso de la República. Esperemos a que se reabran una vez más las sesiones del Congreso el 16 de marzo. Vamos a ver qué impacto tienen estos episodios en la investigación que se desarrolle y qué sale de ahí”.
Con nombre propio, el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura Néstor Raúl Correa señaló que 30 por ciento del llamado carrusel de las pensiones en esa corporación se concentra en los juristas Julia Emma Garzón, Henry Villarraga y Ovidio Claros.
“En cuanto al resultado mismo de la investigación, sólo hay palabras de tristeza y desolación frente a una situación tan lamentable. La Rama Judicial debería dar ejemplo ético, porque somos los operadores de justicia. Y si da ejemplo de lo contrario, el mal es doble”, señaló Correa.
El magistrado Correa sostuvo que el debate no debe girar en torno a la abolición del Consejo Superior de la Judicatura: “Se ha dicho del Congreso que el 35 por ciento tenía vínculos con el paramilitarismo, y no se cerró”.
El magistrado Villarraga, presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, aseguró que por lo menos 90 por ciento de los auxiliares que se mencionan como pensionados con muy poco tiempo de trabajo, no solo no lo han hecho porque no cuentan con las semanas ni la edad, sino que han acumulado mucho más tiempo de labores que lo que allí se afirma.
Villarraga insistió en que esos nombramientos se han ajustado a la ley y a las necesidades que vienen surgiendo en cada despacho, a fin de atender sus compromisos a la hora de impartir justicia.
JUDICATURA SIGUE SIN NOMBRAR JUECES AGRARIOS
A pesar de que hasta el pasado 15 de enero había plazo para la designación de los Jueces Agrarios que serán pieza clave en la aplicación del componente de restitución de tierras, en el marco de la Ley de Víctimas, aún no han sido designados por el Consejo Superior de la Judicatura.
Este proceso no se había adelantando por razón de la vacancia judicial de final de año, que se cumplió entre el 15 de diciembre de 2011 y el 15 de enero del presente año y tras la normalización de las operaciones en la Rama el Consejo Superior de la Judicatura debía proceder a hacer esta designación.
Así lo anunció hace varias semanas el ministro del Interior Germán Vargas: “El 15 de enero serán designados en propiedad los Jueces Agrarios que se encargarán de los procesos de restitución. Estos Jueces deben ser designados por el Consejo Superior de la Judicatura y el plazo señalado para esta designación en propiedad es el 15 de este mes, cuando termina la vacancia judicial”.
A pesar de que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura creó por medio del Acuerdo 9097 del 23 de diciembre de 2011, de forma transitoria, a partir del 16 de enero y hasta el 31 de marzo de 2012, unos despachos en la especialidad Civil para la atención de procesos de restitución de tierras en los Distritos Judiciales de Bogotá, Cali, Cartagena, Cúcuta y Medellín, un Juzgado Civil del Circuito de Descongestión, conformado por un Juez de Circuito y un Secretario de Circuito, aún falta la designación de los respectivos Jueces Agrarios.
Ante estos nuevos Jueces Agrarios es que la recién creada Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas someterá los casos, en representación de las víctimas, luego de organizar y mantener un registro de todos los predios presuntamente despojados o abandonados y recibir las respectivas solicitudes de restitución.
En octubre pasado, el ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo había anunciado que este año serían implementados 130 Jueces Agrarios.
En esa oportunidad Restrepo destacó que con la Ley de Víctimas, procesos de restitución de tierras que podían tomar hasta 15 años podrían resolverse hasta en 12 meses.
A propósito de los Jueces Agrarios, el ministro Restrepo lanzó una fuerte advertencia a quienes pretendan figurar como víctimas del despojo para hacerse beneficiarios de la restitución de tierras, advirtiendo que los avivatos que buscan robar al país tendrán su “tatequieto” porque será a través de estos jueces especializados que se le dará aval a la distribución de tierras en el marco de la Ley de Víctimas.
“Los avivatos y oportunistas serán castigados con penas privativas de la libertad que irán entre los ocho hasta los doce años de cárcel, como lo contempla la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras”, sentenció.
El jefe de la cartera agropecuaria indicó que sanciones similares tendrán los funcionarios cómplices de esas conductas y quienes se valgan del chantaje para obtener beneficios indebidos.
Metas
Desde el 10 de enero pasado la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura tiene definidas las listas de los elegibles para el cargo de Jueces Agrarios.
Además de los Jueces que deberán ser designados para la
atención de procesos de restitución de tierras en los Distritos Judiciales de Bogotá, Cali, Cartagena, Cúcuta y
Medellín, este año deben ser designados otros 12 Jueces Agrarios, al igual que 15 Magistrados. La meta es que al año 2014 haya 143 de estos Jueces y 60 Magistrados.
La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas prevé atender este año 13.760 reclamaciones por parte de víctimas despojadas de sus tierras (desde el año 1991), ya sea de forma violenta por los grupos armados ilegales o por medio de acciones fraudulentas de titulación en el marco del conflicto armado.
La meta durante el gobierno Santos es atender 160 mil solicitudes de restitución, cifra que debe llegar a 360 mil durante los diez años de aplicación de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras.
REVISTA SEMANA
CORTES BUSCAN VOLVER AL DEBATE DE LA REFORMA A LA JUSTICIA
José Leonidas Bustos, presidente de la sala penal de la Corte, y Javier Zapata, presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Bajo ciertas condiciones los designados presidentes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado regresarían al debate de la reforma a la justicia. ¿Cuáles son?
La designación de los presidentes de las Altas Cortes puso de nuevo sobre la mesa la necesidad de que en el debate de la reforma a la justicia participen los altos jueces quienes se marginaron del proceso en el Congreso argumentando falta de garantías.
Esa posición de finales de 2011 y que era considerada ‘inamovible’ podría reevaluarse pues, para los magistrados, la reforma a la justicia no puede quedar en manos de dos de los tres poderes, el Ejecutivo y el Legislativo.
Recien posesionados algunos de los presidentes en las salas de las Altas Cortes han dado a conocer lo que esperan del debate en el Congreso que podría iniciarse en marzo.
Gustavo Gómez, el nuevo presidente del Consejo de Estado, aseguró que la reforma a la justicia es un debate técnico por lo que no puede quedar sustraída de la discusión de la justicia.
“En este momento estamos en esa encrucijada y vamos a ver en este año cuáles son las estrategias que el Consejo de Estado va a asumir frente a ese trámite parlamentario”, dijo Gómez. En el Alto Tribunal se espera que el tema se debata de nuevo en el pleno. “Esos aspectos son parte de la decisiones que toma la corporación como colegiatura”.
Por su parte Javier Zapata, presidente de la Corte Suprema, le apunta a articular el debate argumentativo de los tres poderes. "Que no nos aterren los argumentos dialécticamente opuestos en la reforma", aseveró. Él no descarta tener un acercamiento con el Gobierno para analizar el tema.
Por los lados sala penal de la Corte Suprema el nuevo presidente, José Leonidas Bustos, pone una condición para regresar al debate y es que sea el propio presidente, Juan Manuel Santos, quien asuma la interlocución. “Creemos que no se debe cerrar la puerta para un franco diálogo”.
Otra de las condiciones es que se haga un diagnóstico de cómo marcha la justicia en el país sobre todo la de los jueces que examinan y deciden sobre casos de los ciudadanos del común y corriente.
Reformular el acto legislativo es clave pues para el magistrado podría haber ‘retaliación’ o una ‘revancha’ de parte de los congresistas por el juzgamiento en los casos de parapolítica.
Salvavidas
Tal vez la ponencia radicada el 12 de diciembre por el representante liberal Guillermo Rivera y la cual que busca “mejorar” el texto de reforma a la justicia haya contribuido a que los magistrados analicen un eventual cambio de posición.
Uno de los aspectos a revisar es la elección del registrador nacional del Estado Civil, del contralor general de la República y del procurador general de la Nación. La idea de Rivera es que se mantenga vigente lo dispuesto por la Constitución de 1991. Es decir, que las Cortes mantengan su papel nominador en esos cargos.
Otra cuestión que no justa en las Altas Cortes es la posibilidad que particulares tengan funciones jurisdiccionales. En la propuesta matizada de Rivera esto solo se haría en casos especiales.
Así las cosas, habrá que esperar que arranque el debate en el Congreso para ver si los tres poderes públicos pueden sacar la reforma adelante, sobre todo cuando faltan cuatro debates, es decir, la mitad de la discusión en el Congreso.
NO HAY NOMBRES POR AUMENTO DE PENSIONES EN EL CSJ: MAGISTRADO
El presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Henry Villarraga, no conoce los nombres de quienes presuntamente facilitaron el aumento de pensiones a magistrados auxiliares.
El presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la judicatura, Henry Villarraga, denunció una anomalía en la investigación que adelanta la Contraloría General por el presunto "carrusel de las pensiones".
Según el alto magistrado el ente de control no conoce los nombres de magistrados que supuestamente facilitaron el aumento de pensiones a magistrados auxiliares.
"No se sabe los nombres de esas personas que tienen que responder fiscalmente", dijo Villarraga.
Según el magistrado dos funcionarias le informaron que no podían entregar el proceso pues este era reservado. "Al enterarnos de esa situación no entendemos cómo la señora contralora ha salido a anunciar al país un juicio de responsabilidad fiscal que no existe y del que no hay apertura de investigación".
La aseveración la hizo luego que se efectuara una inspección de dos funcionarios de la Contraloría quienes buscaban archivos en los computadores.
Esta semana se conoció de parte de la Contraloría el presunto carrusel de pensiones.
"No entendemos por qué se quiere desprestigiar a la sala disciplinaria", puntualizó el magistrado.
¿CUÁLES FUERON LAS EVIDENCIAS PARA CONDENAR A PLAZAS VEGA?
la ratificación de la condena de 30 años contra el Coronel, se establece que aunque no se sabe quiénes ejecutaron la desaparición de Irma Franco y Carlos Rodríguez, sí es claro que ocurrió en cumplimiento de una instrucción dada desde la jerarquía de las fuerzas del Estado.
¿En dónde están? Se siguen preguntando los familiares de las personas desaparecidas en el Palacio de Justicia (1985). Llevan haciéndolo durante 26 años. Mientras tanto, han visto el curso que ha tomado el proceso de las personas implicadas en la desaparición. El capítulo más reciente es el que tiene que ver con la determinación del Tribunal Superior de Bogotá, que ratificó este lunes, en segunda instancia, la condena de 30 años contra el coronel Alfonso Plazas Vega. Él fue hallado responsable de la desaparición de dos personas, Irma Franco y Carlos Rodríguez.
¿Cuáles fueron las evidencias para condenar a Plazas Vega? En el fallo se señala que el material probatorio conocido “permite establecer que efectivamente se trasladaron sobrevivientes del Palacio de Justicia a guarniciones militares, entre ellas a las instalaciones de Escuela de Caballería, donde todos fueron reseñados, algunos sometidos a torturas y posteriormente desaparecidos (...) lo que permite concluir que el Coronel Luis Alfonso Plazas Vega para la época comandante de la Escuela de Caballería (ESCAB), hizo parte de una estructura de poder organizada ilegal que diseñó y ejecutó la desaparición de Irma Franco Pineda y Carlos Augusto Rodríguez Vera”.
Sin embargo, según el fallo, la existencia de dicha área resulta insignificante porque la responsabilidad de Plazas Vega no se concreta sobre el mando que pudiera tener en dicho lugar, “sino en haber hecho parte de una estructura de poder organizada que desapareció forzadamente” a Franco y Rodríguez.
El Tribunal consideró como verdaderas las razones expuestas en la primera sentencia que condenó a Plazas Vega, según la cual en el caso de Franco, su desaparición, obedeció a que fue identificada como guerrillera, y en el caso de Rodríguez “en el supuesto hecho de haber colaborado con el grupo guerrillero para realizar la toma, prestando su condición de administrador de la cafetería del Palacio de Justicia para supuestamente entrar munición, armas y pertrechos”.
En el fallo se señala que las desapariciones de esas dos personas son la expresión de un claro propósito de “supresión física de los miembros del M-19 que se tomaron el Palacio”, y que se expresó mediante la muerte en y fuera de combate” dentro del lugar de los hechos, pero aplicado a quienes siendo miembros del M-19 o creyendo ellos que los eran, lograron salir del Palacio de Justicia.
La sentencia plantea que con los elementos conocidos se puede establecer que entre las fuerzas del Estado que participaron en la recuperación del Palacio, hubo una instrucción de exterminio físico total de los miembros del M-19 que realizaron la toma.
Y aunque el Tribunal reconoce que en el proceso hasta ahora no se ha establecido, en concreto y físicamente, quiénes ejecutaron directamente la desaparición de Irma Franco y a Carlos Rodríguez , sí deja muy claro “que no ocurrió como una conducta aislada de unos militares de bajo rango, desobedientes, indisciplinados y con desconocimiento de los comandantes de la operación. Al contrario: ocurrió en cumplimiento de una instrucción dada y trasmitida dentro de la jerarquía de las fuerzas del Estado, y solo dentro del aparato de poder que se conformó para esa operación se entiende este resultado antijurídico”.
Por eso - señala el fallo - “si bien se ignora el autor material, uno de los autores mediatos es el coronel Plazas Vega” en la desaparición de esas dos personas, pues los delitos por los que se condena se enmarcan dentro de la instrucción dada y trasmitida en el aparato organizado de poder, que participó en la operación de recuperación del Palacio de Justicia.
Según el Tribunal, dichas instrucciones no tenían resistencia. Es decir, todos tenían claro qué se debía hacer cuando algún superior disponía que “… esperamos que si está la Manga no aparezca el Chaleco…” o “… cuelguen esos hijueputas…” o a todos hay que “… fumigarlos…”, instrucciones que - señala la sentencia - “se ejecutaban con conocimiento y voluntad sin reparos por la asegurada impunidad, en tanto siempre se creyó (equivocadamente) que el asunto no desbordaba la competencia de la justicia penal militar”.
Plazas Vega es considerado autor indirecto de la desaparición de esas dos personas porque en el proceso se ha evidenciado que existió una organización integrada por un grupo de personas, que aprovecharon la organización institucional (organismos de seguridad del Estado: Fuerza Pública de Colombia -Ejército y Policía- y DAS) para desarrollar actividades delictivas, “de manera tal que desbordaron el marco constitucional y legal vigente previsto para la persecución de los miembros de organizaciones armadas ilegales”.
Dicha organización tenía la misma relación jerárquica y operaba en forma paralela al aparato judicial. Es decir, que “quienes en el ejercicio de las funciones del establecimiento oficiaban como comandantes, también tenían la más alta jerarquía para el cumplimiento de las actividades que se desarrollaban por fuera del ordenamiento jurídico”.
“Los agentes estatales encargados de cumplir directa y efectivamente las órdenes de torturar y desaparecer forzadamente a quienes se les consideraba enemigos, ejecutaban la consigna en tanto hacía parte del plan general de fumigar a quienes ellos consideraban que debían correr tal suerte”, señala el fallo. Subraya además que la Escuela de Caballería fue convertida en un centro de detención especializado (ilegal), “al que se conducían a todos aquellos respecto de quienes existiera sospecha de pertenecer a algún grupo armado ilegal. Dichas personas eran torturadas, y como ocurrió aquí, se desapareció forzadamente a Irma Franco y Carlos Rodríguez ”, motivos que el Tribunal consideró suficientes para confirmar la sentencia de condena proferida contra Plazas Vega.
CMI
NUEVO PRESIDENTE DE LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA CRÍTICA REFORMA A LA JUSTICIA
El recién nombrado presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, manifestó su desacuerdo con el proyecto de reforma a la justicia que lidera el gobierno y dijo que más aparenta ser una retaliación del Congreso.
El magistrado señaló que así como antes se intentó desprestigiar a la Corte con las chuzadas, ahora se busca quitarle las competencias que le dio la Constitución del 91.
“La investigación de la Fiscalía dio como resultado que algunos funcionarios participaron en las chuzadas contra magistrados que tenía como finalidad el desprestigio de la Corte. Hoy se cambió de método y no se recurre a las condiciones delictivas, sino que se empeñan algunos congresistas y funcionarios de alto nivel en apoyar una reforma de la que no sale muy bien parada ni la justicia ni la Corte”, aseguró el magistrado.
Leonidas Bustos sostuvo que el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, no ha sido el interlocutor que la rama esperaba ante el gobierno.
“La Corte tomó por bandera respaldar la necesidad de crear nuevamente el Ministerio de Justicia y se esperaba que el ministro fuera un vocero de las aspiraciones de la rama, pero su participación en el Congreso es abiertamente opuesta”.
Por otra parte, el presidente de la Sala Penal aseguró que, aunque el desempeño de la fiscal Viviane Morales ha sido desatacado, no se sabe a futuro qué pueda pasar con la relación de ella y su esposo, el excongresista Carlos Alonso Lucio.
“No sé si en el futuro esa relación pueda afectar la función de investigación y acusación, pero si eso llegase a ocurrir tendrá que evaluarse cada caso en particular”, puntualizó.